Este jueves 22 de agosto al mediodía, al mismo tiempo que el presidente Iván Duque y la ministra de las TIC Sylvia Constaín presentan la “gran ola de conectividad del país” en Ciénaga, Magdalena, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunirán en el Palacio de Justicia para demandar la Ley de Modernización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En un video publicado en redes sociales, Santiago Rivas, uno de los representantes de la demanda colectiva en la que participan organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Karisma y la Comisión Colombiana de Juristas, explicó las razones por las cuales buscan revertir la implementación de la norma.

 

De acuerdo con Rivas, la ley, que fue sancionada por el presidente Iván Duque a finales de julio, supone “un riesgo para la democracia”.

Así mismo, a través de una publicación en Twitter, Fundación Karisma plantea que la Ley TIC “no se ajusta a los estándares de promoción de la libertad de expresión que exige nuestra constitución”, reclamando que es inconstitucional. 

A eso de las 12:30 del día, miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Karisma, Bejarano Abogados y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron dos demandas y explicaron sus razones afuera del recinto.

“Muchos teníamos inquietudes sobre temas concretos de la Ley y desde hace semanas empezamos a hablar y se organizó la demanda(…) Hace unos días nos enteramos que había otro grupo en paralelo trabajando y hoy se presentaron las dos”, detalló Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, quien explicó que el proceso de hoy en adelante puede llegar a ser de meses o años.

“Primero, la Corte tiene que admitir la demanda, luego entra a estudiarla, y en algún punto puede llegar a solicitar intervenciones de expertos o de cualquier ciudadano para profundizar en los temas”, agregó.

Los argumentos de los demandantes

Primero, advierten sobre el control del ejecutivo en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad encargada de controlar los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, argumentando que en su nueva conformación, 7 de los 8 comisionados serán nombrados con “injerencia del ejecutivo”. 

La ley contempla la creación de un regulador convergente para el sector integrado por dos juntas.

La primera, que en teoría sería la CRC estaría integrada por el ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que hará el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La segunda, llamada Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados a pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes.

De ella, harían parte un miembro elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, un miembro del sector audiovisual escogido mediante concurso público realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y un miembro de la sociedad civil elegido mediante un concurso público realizado por una universidad.

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/demanda-a-la-ley-tic-las-razones-y-argumentos-detras-de-la-iniciativa-403672